La Reforma Constitucional: ¿Ultima opción?

El Parlamento quiere limitar el déficit del Estado por la vía de la reforma constitucional; nada más y nada menos. ¿Recuerdan la primera y única reforma llevada a cabo hasta la fecha? Reconoce el derecho de sufragio pasivo para los ciudadanos europeos en España. Hablamos, señores, de una reforma que se llevó a cabo para adaptar un Derecho constitucional a los tiempos actuales. Ríos de tinta han corrido igualmente respecto al título relativo a la Corona y a la posible reforma que podría declarar la igualdad de derechos entre el varón y la mujer en la sucesión al trono.

España continúa en un estado de falta de ideas y de pánico evidente. La Constitución es la Carta Magna de un Estado. El documento que recoge la declaración de principios del sentir de una nación, el reconocimiento y respeto de los Derechos de sus ciudadanos, y la Organización de los Poderes y Organos que la rigen y presiden. Es una norma que se dicta por y para el pueblo, para enorgullecerlo e identificarlo, y para proyectar esta identidad al resto del mundo. Desde 1978 en nuestro país este documento ha estado presidido por una estabilidad envidiable que ha conformado la fortaleza del Estado.

Pero esta reforma tiene un fin distinto, un tufillo a prostitución. No hablamos de una modificación para adaptar el modelo de Estado, ni para reconocer o desarrollar un Derecho, una Institución o Poder. Hablamos pura y llanamente de darle un nuevo sentido a nuestra máxima seña de identidad política. Esta reforma se realiza para dar confianza al exterior, para calmar a los mercados, para contentar a los socios, o lo que es peor, esta reforma se propone porque ni la mismísima clase política cree en la honradez y la mesura en el ejercicio de la función pública por los mandatarios del pueblo, sean ellos mismos,  compañeros o sucesores.

Soy partidario de medidas inmediatas, mesuradas, y a largo plazo; aunque tengamos que sufrir, aunque el partido gobernante hoy o en el futuro queme sus naves en el intento. Pero creo que esta labor debe llevarse a cabo mediante un compromiso global, un pacto de Estado o simplemente mediante la buena fe y los principios de responsabilidad y de profesionalidad que deben regir los actos de cualquier mandatario. Los mecanismos existen en nuestro ordenamiento jurídico, pero esta proposición más que confianza me provoca dudas, dudas de identidad.

Y sobre todo cuando veo que todos se rinden a la evidencia de que es una solución extrema y necesaria.

F. Medina