Hoy es el día Internacional
contra la violencia de género. Multitud de actos, declaraciones públicas y
mensajes de concienciación nos recuerdan que al menos el 75% de las mujeres del
planeta sufren o han sufrido en algún momento este tipo de violencia. 54 mujeres
ya han pagado con su vida esta lacra en España durante el transcurso del
presente año.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res.48.104.sp aprobada por la Asamblea de Naciones
Unidas el 20 de diciembre de
1993, establece como violencia contra la mujer "aquella que se ejerce de manera
física, sexual y psicológica", sea en el ámbito familiar o en la comunidad, e
incluso los actos de tolerancia por parte del Estado.
Continuamente
ponemos el acento sobre la violencia doméstica o el acoso en el trabajo como
formas en las que los particulares son protagonistas de estos actos. En lo que
se refiere a la tolerancia de actos de violencia por parte de los Estados el
testimonio y la denuncia se suelen reducir a los actos de explotación laboral o
mutilación genital femenina que se producen en los países del mal llamado
tercer mundo.
La migración por
causas económicas coloca en muchas ocasiones a la mujer en una posición de
inferioridad en la que se ve obligada a ejercer la prostitución, y
mayoritariamente de manera forzada. Sin duda no escapa a nadie que nuestro
país es receptor de esta modalidad migratoria. Tampoco creo que escape a nadie
el hecho de la permisividad del Estado o al menos su inoperancia en la lucha
contra estas prácticas. Pues bien, la trata de mujeres y la prostitución
forzadas se incluyen expresamente en la Declaración de Naciones Unidas como
actos de violencia sobre la mujer.
En este señalado
día, en la versión digital de los diarios “El Mundo” y “El País”, he leído dos noticias que me han
llamado tristemente la atención: “El ex alcalde de Valverde del Camino pagó
3.685 euros en un burdel con una Visa municipal” * , y “El ex gerente cargó a
Emarsa (Valencia) 3.788 euros por ocho noches de hotel con cuatro mujeres rumanas” **. Yo me hago inicialmente 2 preguntas:
Primero:
¿Continúa nuestro país siendo sospechoso de ser un paraíso donde las redes de
trata de blancas actúan en completa impunidad?
Segundo:
¿Hasta qué punto nuestras instituciones públicas podrían no sólo mirar hacia
otro lado sino fomentar este tipo de prácticas?
Desconozco
si estos fondos públicos
presuntamente utilizados para el pago de servicios privados llegaron a manos de
quien ejerce voluntariamente o de forma forzada la prostitución. No me atrevo
igualmente a apuntar con dedo acusador a nadie que no ha sido declarado
judicialmente culpable. Pero no puedo dejar de sentir un malestar ante el
simple hecho de hacerme estas preguntas. Creo que es necesario que estos
asuntos se esclarezcan con la máxima celeridad. No es de recibo que pueda ser considerada de reconocida
relevancia social la modificación de la normativa procedimental judicial para
los desahucios o los divorcios llamados “exprés”, y por el contrario, en todo
lo que atañe a “la cosa pública”, las dilaciones y los aforamientos continúen
a proporcionar la impunidad al “presunto” y a causar la desazón en el
día a día de la convivencia ciudadana.
Como
ven, no sólo la violencia doméstica es nuestro problema. Desde mi rincón hago
un llamamiento a nuestros dirigentes en favor del respeto de la dignidad de la mujer en
todos los frentes. Y a todas nuestras
dirigentes, para sumarse en esta tarea ahora que toman cada vez más peso en
la vida pública. Dejemos de ser hipócritas.
Fernando Medina * http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/25/andalucia/1322208688.html?a=30d96cfccf2fbce5d0998709242ecae8&t=1322217678&numero=
** http://www.elpais.com/articulo/espana/exgerente/cargo/Emarsa/3788/euros/noches/hotel/mujeres/rumanas/elpepuesp/20111124elpepunac_23/Tes
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